Iberdrola colabora con Broseta y las fundaciones Adecco y Prodis en un proyecto dirigido a personas con discapacidad intelectual
Iberdrola, compañía liderada por Ignacio Galán, ha puesto en marcha, a través de sus Servicios Jurídicos y Fiscales y junto al despacho de abogados Broseta, un acuerdo de colaboración para actividades pro bono con la Fundación Adecco y la Fundación Prodis para reducir las barreras de acceso al mercado laboral de las personas con discapacidad intelectual.
Esta colaboración se enmarca en el proyecto Construyendo Juntos, un programa de carácter multidisciplinar por el que los profesionales jurídicos de la compañía, en colaboración con más de 10 despachos de abogados, prestan servicios formativos y de asesoramiento jurídico y fiscal de la mayor calidad a entidades sin ánimo de lucro.
A la firma, que ha tenido lugar en las oficinas de Iberdrola en Valencia, han asistido Santiago Martínez Garrido, secretario general y del Consejo de Iberdrola; Rosa Vidal Monferrer, socia directora de Broseta; Valle Oñate Dancausa, directora general de Prodis y Arancha Jiménez Ceballos, directora de Estrategia, Fundraising y Desarrollo de la Fundación Adecco.
Para el secretario general de Iberdrola gracias a con este acuerdo “los profesionales jurídicos de Broseta e Iberdrola pretenden que el conocimiento jurídico transmitido a través de esta alianza actúe de palanca de reducción de desigualdades y a favor de la inclusión laboral de las personas con discapacidad, y el acompañamiento informado tanto de sus familiares como de las entidades que los apoyan”.
Por su parte, Ignacio Sanchez Galán, presidente de Iberdrola, ha visitado, durante su presidencia, diferentes centros dirigidos a personas con discapacidad y es que la compañía eléctrica desarrolla, entre otras, iniciativas culturales, de género, discapacidad o LGBTIQ+. En cuanto a las personas con discapacidad intelectual, siguen afrontando grandes obstáculos para encontrar un empleo, tal como avalan las últimas cifras oficiales. En concreto, su tasa de actividad o participación laboral (36,4%) es 41,4 puntos porcentuales inferior a la del resto de la población -el 63,6% de las personas con discapacidad intelectual en edad laboral no tiene trabajo ni lo busca-.
Asimismo, la tasa de empleo es otro de los grandes indicadores que da cuenta de esta desigualdad: solo un 23,8% de las personas con discapacidad intelectual se encuentra trabajando, un porcentaje que dista en 27,3 puntos de la media nacional.
Por eso, esta alianza tiene la finalidad de transmitir a las personas con discapacidad intelectual, sus familias y las entidades que las acompañan, el conocimiento jurídico necesario para abordar con diligencia su acceso al empleo, que les permita tomar decisiones informadas y prever situaciones de abuso y/o discriminación.