Fundación Naturgy publica ‘Los gases renovables. Un vector energético emergente’
Si España desarrolla todo su potencial de producción de gases renovables, podría llegar a reducir unos 35 millones de toneladas de CO2, es decir, más del 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero previstas para el año 2030. Este valor equivale al CO2 que emite todo su parque de turismos en un año o el que absorbió toda la superficie forestal de España en 2017.
Este es uno de los datos que aporta el nuevo estudio ‘Los gases renovables. Un vector energético emergente’, de la Fundación Naturgy, entidad que lidera Francisco Reynés. La publicación aborda, desde una perspectiva técnica, económica y ambiental, el desarrollo de los gases renovables en nuestro país.
Sus autores, el doctor ingeniero industrial y profesor emérito de Ingeniería Ambiental de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), Xavier Flotats, y el ingeniero de Caminos de la UPC y experto asesor ambiental, en gestión de residuos y desarrollo sostenible, Álvaro Feliu, consideran que nuestro país tiene un elevado potencial de producción de gases renovables.
En la banda baja equivaldría a la cuarta parte de la demanda actual de gas en España, pero “podría cubrirse hasta un 65% de la demanda actual de gas natural con este tipo de gases, siempre que se impulse su desarrollo de forma decidida y sin mayor demora”, explica Flotats.
Los gases renovables contribuyen de forma significativa a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y a la gestión de residuos, y resultan clave en el nuevo paradigma de la economía circular y la descarbonización del sistema energético. En este sentido, pueden contribuir de forma activa a la Estrategia Española de Economía Circular aprobada esta misma semana por el Gobierno. “Aunque a España le queda aún camino por recorrer, nuestro país cuenta con un notable potencial en este terreno, fundamental para la consecución de los objetivos de lucha de control del cambio climático”, explica Flotats.
Para su desarrollo los autores coinciden en que son necesarias políticas decididas que incentiven su uso e implantación. Este vector energético será, en el futuro, un agente activo como fuente de energía renovable, facilitando la integración de los sistemas gasistas y eléctricos, apoyando la gestión eficaz de residuos y contribuyendo a la economía circular.
Una de las medidas más relevantes para promover su implantación tiene que ver con el mecanismo de garantías de origen, del que ya disponen la mayor parte de los países europeos. Aunque en España aún no opera, está prevista su implantación en el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética presentado por el Gobierno recientemente.
“La puesta en marcha en España de este sistema de certificación para productores, intermediarios y consumidores es imprescindible para el desarrollo del mercado y debería ser una realidad lo antes posible, sin esperar a la trasposición de la directiva de energías renovables, cuyo plazo termina en junio de 2021”, destaca Feliu.
